Cuando una persona mayor de 65 años vende su vivienda habitual, puede beneficiarse de una exención total de la ganancia patrimonial en el IRPF. Sin embargo, ¿qué sucede si esa persona dejó de residir en el inmueble hace años porque tuvo que ingresar en una residencia geriátrica por razones de salud? ¿Sigue siendo la vivienda «habitual» a ojos de Hacienda?

Una reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña responde a esta cuestión, marcando un precedente relevante que puede afectar a miles de contribuyentes en situaciones similares.

 

El caso: enfermedad, residencia geriátrica y venta del inmueble.

La contribuyente, mayor de 65 años, había adquirido su vivienda en 2001 y residido en ella hasta agosto de 2007, momento en el que, debido a  un diagnóstico de demencia pre-senil (Alzheimer), tuvo que ingresar en una residencia asistida por recomendación médica. En noviembre de 2017 vendió dicho inmueble, obteniendo una ganancia patrimonial superior a los 350.000 euros.

La Agencia Tributaria (AEAT) denegó la exención por transmisión de vivienda habitual al considerar que el inmueble había perdido la condición de vivienda habitual, ya que la contribuyente no vivía allí desde hacía más de 10 años y, además, lo había alquilado entre 2010 y 2017.

 

¿Qué exige la normativa del IRPF?

Los artículos 33.4.b) de la LIRPF y 41 bis del RIRPF establecen que para aplicar la exención:

• El contribuyente debe se mayor de 65 años.
• El inmueble debe tener la condición de vivienda habitual.

Y, según el artículo 41 bis.3 del RIRPF, se considera vivienda habitual si:

• Lo es en el momento de la venta, o
• Lo fue en los dos últimos años anteriores a la transmisión.

La AEAT aplicó esta última regla de forma estricta y rechazó la exención por haber transcurrido más de dos años desde que la contribuyente dejó de residir en el inmueble.

 

El criterio del Tribunal: una interpretación más humana y justa.

El Tribunal, en cambio, adoptó una visión más integradora y razonable, basándose en lo siguiente:

El artículo 41.bis.1 del RIRPF contempla excepciones al requisito de permanencia de tres años como residencia habitual cuando concurren circunstancias justificadas (enfermedad, traslado, etc.)

El ingreso en una residencia por una enfermedad grave y acreditada debe considerarse como una «circunstancia análoga justificada» que no elimina la condición de vivienda habitual.

La propia redacción del artículo 41.bis.3 hace referencia a lo dispuesto «con arreglo a lo dispuesto en este artículo», lo que implica que sus tres apartados deben interpretarse de forma conjunta, no aislada.

Esta posición ya ha sido respaldada por el Tribunal Supremo en sentencias anteriores, donde se aceptan excepciones de separación o enfermedad que impiden la ocupación efectiva del inmueble.

 

Unidad conceptual del término «vivienda habitual».

La sentencia destaca que no tiene sentido aplicar criterios distintos para determinar la condición de vivienda habitual en la fase de adquisición (apartado 1) y en la de transmisión (apartado 3) cuando el supuesto es el mismo: una causa mayor justificada obliga a abandonar el domicilio. Aplicar una lectura rígida generaría situaciones injustas y perjudicaría precisamente a los contribuyentes más vulnerables.

 

Conclusión

Según el Tribunal el traslado forzado a una residencia geriátrica por causa médica no implica la pérdida del carácter de vivienda habitual, incluso aunque hayan pasado más de dos años desde el abandono del inmueble.

Por lo tanto, la ganancia patrimonial obtenida por esa venta puede acogerse a la exención total en el IRPF, si el contribuyente tiene más de 65 años.

Este pronunciamiento judicial abre la puerta a revisar muchas liquidaciones en las que Hacienda haya denegado esta exención en supuestos similares.

Es clave recopilar:

• Documentación médica que acredite la enfermedad o situación de dependencia.
• Justificantes de ingreso en la residencia.
• Pruebas del carácter de vivienda habitual previo al traslado.

Una correcta interpretación normativa y una defensa técnica adecuada puede evitar un coste fiscal injusto para personas mayores que, en muchos casos, deben vender su única propiedad para poder hacer frente a los gastos de una residencia.

 

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